Jair Bolsonaro, presidente de Brasil. Foto: AFP
La juez del Tribunal Supremo de Brasil Rosa Weber envió este jueves a la Fiscalía una petición de investigación contra el presidente, Jair Bolsonaro, por un delito de malversación de fondos en la compra de vacunas, después de las últimas revelaciones en la comisión del Senado que investiga la gestión de la pandemia.
La petición de Weber se produce después de una denuncia presentada por la diputada del Partido de los Trabajadores (PT) Natalia Bonavides, quien incluyó en la demanda también al antiguo director de Logística del Ministerio de Salud, Roberto Dias, por asociación para delinquir, corrupción pasiva y administrativa.
Horas antes, el cabo de la Policía Militar, Luiz Paulo Dominguetti, quien ejerce como representante de una empresa que dice trabajar de intermediaria para AstraZeneca en Brasil, afirmó ante la comisión del Senado que investiga la gestión de la pandemia haber recibido una petición de soborno de uno de los responsables del Ministerio de Salud.
Así, reveló que Dias le aseguró que sería necesario un soborno de un dólar por dosis para poder firmar el contrato de compra de 400 millones de AstraZeneca, a través de la empresa que representa Davati Medical Supply, aunque la farmacéutica ha negado que trabaje con intermediarios en Brasil, según ha recogido 'Globo'.
Bonavides hizo mención a la entrevista que Dominguetti concedió al diario 'Folha de Sao Paulo' hablando de estas prácticas, las cuales vendrían a confirmar, explicó, las revelaciones hechas por Ricardo Miranda, quien trabaja en la oficina de Logística del Ministerio de Salud, y su hermano, el diputado Claudio Miranda, alertando de irregularidades en la compra de la vacuna india Covaxin.
Hay al menos dos personas que confirmaron que hubo un soborno en la compra de vacunas por parte del Ministerio de Salud, un servidor público y un representante de una empresa que afirmó en una entrevista que recibió una oferta para participar en esta organización criminal que busca enriquecer a los integrantes de la política de muerte del Gobierno Federal". apuntó la diputada del PT.
Bonavides también destacó que el informe presentado por los hermanos Miranda a la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) hace mención a que estas supuestas prácticas fueros puestas en conocimiento de Bolsonaro, quien "pareció tener conocimiento del hecho" y no actuó.